Organizaciones del sector privado respaldan se mantenga el salario mínimo pero que la Asamblea Legislativa recupere la autoridad para fijar cambios futuros
Asociaciones ven necesario derogar la Ley 47-2021 y devolver el proceso democrático y representativo a los funcionarios electos para proteger la economía y garantizar los empleos.
11 de marzo de 2026, San Juan, P.R.—Tras la presentación de su ponencia en la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, las principales organizaciones del sector económico de Puerto Rico: Asociación de Hecho en Puerto Rico, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA), Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Centro Unido de Detallistas (CUD), Asociación de Industriales de Puerto Rico, Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Asociación de Bancos de Puerto Rico, Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y Asociación de Constructores, reafirmaron su respaldo al Proyecto de la Cámara 1115. Dicho proyecto no altera el salario mínimo actual, pero busca derogar la Comisión creada por la Ley 47-2021, devolviendo a la Asamblea Legislativa la autoridad para fijar cambios futuros al salario mínimo en Puerto Rico. Esta medida es vista como esencial para salvaguardar la economía y fortalecer los procesos democráticos en la toma de decisiones gubernamentales y económicas.
Durante la vista pública, se destacó que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo creada por la Ley 47 carece de representatividad adecuada y opera con un quórum insuficiente, lo que ha llevado a decisiones de gran impacto económico tomadas por un número reducido de personas no electas. Además, resaltaron que, luego de 5 años de su creación, la Comisión nunca ha contado con sus siete integrantes y algunos de los nombramientos que pudieron realizarse ya han vencido o están próximos a vencer, lo que agrava la crisis de gobernanza y limita la capacidad de la Comisión para cumplir con su propósito original.
El vicepresidente de MIDA, Lic. Manuel Reyes Alfonso, expresó que “Las asociaciones firmantes no abogamos por una reducción al salario mínimo. Simplemente coincidimos en que ninguna Comisión es capaz de reflejar adecuadamente el balance mínimo que nuestra economía y democracia necesitan. Es desafortunado que decisiones que impactan al 100% de las empresas, y por tanto al 100% de la población, las tome un grupo de cinco personas donde solamente hay un empresario y ningún funcionario electo. Peor aún, la ley permite la posibilidad de que la Comisión opere sin ningún representante patronal y, aunque no es el caso actualmente, podría funcionar sin ningún representante de los trabajadores. Estamos seguros de que si ese fuera el caso, los que ahora defienden esta comisión estarían pidiendo su derogación”.
La presidenta de la Cámara de Comercio, Lcda. Margaret Ramírez Báez añadió que “el futuro económico de Puerto Rico requiere una gestión laboral responsable, coherente y verdaderamente representativa. Los empresarios, que también somos trabajadores, en un asunto tan importante y trascendental, como el salario mínimo, no podemos quedar a merced de decisiones tomadas por una Comisión cuyos procesos carecen de transparencia, vistas públicas y participación ciudadana. Lo correcto y constitucional es que sean los cuerpos electos por el pueblo quienes atiendan estos asuntos de forma integrada con la política económica de la Isla. La duplicidad de estructuras, la sobre reglamentación y la falta de coherencia en la política pública solo terminan afectando la creación de más y mejores oportunidades de empleo para nuestros trabajadores”.
Según las organizaciones, la Comisión creada por la Ley 47 no es un mecanismo adecuado para tomar estas determinaciones. Por tanto, prefieren que sean los funcionarios electos quienes, a través de procesos democráticos y participativos, decidan sobre cambios futuros al salario mínimo y a otras políticas que impactan directamente la economía y el bienestar de la ciudadanía.
“Decisiones que afectan el empleo, la inversión y la competitividad de Puerto Rico no deben recaer en una comisión incompleta de personas no electas. Ese tipo de política pública debe discutirse en el proceso democrático y con la participación de todos los sectores de la economía”, expresó Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico.
Para Sonia Navarro, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, es importante considerar la amplitud del poder delegado a esta Comisión. “Esta Comisión puede tener un alcance amplio, desde la revisión del salario mínimo hasta decretos que aplican a distintos segmentos de la clase trabajadora. Todo esto, sin guías claras ni límites definidos, representa un riesgo de seguir transfiriendo al sector privado retos que requieren una discusión más amplia de política pública para lograr un escenario justo y razonable para todos. Al final del día, lo que no se transforma se transfiere”.
Por su parte, el presidente del CUD, Dr. Ramón Barquín, hizo hincapié en las enormes diferencias empresariales según el tamaño y sector de cada empresa, por lo que, aún de nombrarse los dos representantes del sector empresarial, no serían suficientes. “El impacto de cambios a la estructura de costos de mano de obra para un negocio con dos empleados es dramáticamente diferente de una multinacional farmacéutica que puede tener miles. Del mismo modo, una panadería tiene poco en común con una empresa agrícola. Los asuntos complejos hay que tratarlos como tal. Ignorar estas complejidades nos lleva a la toma de decisiones equivocadas”.
Finalmente, las asociaciones firmantes reiteraron su apoyo al Proyecto de la Cámara 1115 e hicieron un llamado a la legislatura para que continúe promoviendo medidas que beneficien a todos los sectores de Puerto Rico, asegurando así el desarrollo económico y social de la isla.
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