Radicada finalmente la Ley de Incentivos 4 de Mayo de 2008 / El Nuevo Día Por POR JOANISABEL GONZÁLEZ Acceda al proyecto de ley Promete múltiples beneficios para el empresario local e internacional. En detalle 4% - tasa contributiva mínima, excepto en los pequeños y medianos negocios que sean exentos y negocios de inversión local 2%-4% - los negocios exentos que operan en la Isla bajo la Ley 135 podrán traer nuevos productos disfrutando las mismas tasas, siempre y cuando mantengan al menos el 80% de su nivel de empleo 4% - ganancia en venta de acciones 5%-10% - porción de la contribución pagada por empresas exentas que se transferirá al Fondo Especial para el Desarrollo Económico. Ese fondo promoverá actividades de investigación, proyectos para promover el empresarismo u ofrecer capital de riesgo para ciertas actividades económicas Certeza. Ese es uno de los muchos beneficios que ofrece el proyecto de la Cámara 4350 y, que de ser firmado por el Ejecutivo, se convertirá en la nueva Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. Ayer, a eso de las cuatro de la tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, radicó el controvertido proyecto que se trabajó por espacio de seis meses. La medida fue suscrita por las delegaciones novoprogresista y popular en ese cuerpo. Se esperaba que el presidente del Senado, Kenneth McClintock, hiciera lo propio en la Cámara alta, para viabilizar un proceso de vistas públicas conjunto entre las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos. En detalle, el estatuto de 83 páginas ofrece a la empresa local, estadounidense e internacional dos alternativas contributivas. La estructura tributaria va acompañada de diversos créditos que el empresario puede reclamar, cuando invierte en una actividad de investigación o desarrollo, o adquiere un negocio en caso de este cerrar o irse a la bancarrota, entre otros. En tales casos, el resultado final es que las empresas tendrán una obligación contributiva mínima de 4%. Ello puede reducirse hasta 0%, si se trata de una actividad novedosa que va a realizarse por una empresa local. Existe, además, un tercer escenario tributario para las pequeñas y medianas empresas. "Todos los créditos que se otorgan van en función de una conducta que el País quiere promover", explicó Francisco Rodríguez-Castro, de la Coalición del Sector Privado. Por décadas, Puerto Rico y otras jurisdicciones han utilizado los créditos, deducciones y las tasas contributivas preferenciales como una estrategia para atraer capital del exterior o promover el desarrollo de empresas locales. Esas estrategias estaban contenidas en la Ley de Incentivos Contributivos. Pero según se desprende de la exposición de motivos del nuevo proyecto, "los modelos económicos que conocíamos hace 60 años, y aun los de hace 10 años, han cambiado", mientras la posición competitiva de la Isla "se ha socavado por circunstancias externas e internas". Como resultado, el comité público y privado que redactó el proyecto intentó delinear diversas estrategias para impulsar las pequeñas y medianas empresas, atenuar los altos costos operacionales que experimenta el empresariado y viabilizar proyectos estratégicos por parte del sector privado que tengan el efecto de atender varios retos que enfrenta el País, como la limpieza de vertederos y la generación de energía de fuentes renovables. Otro cambio que ofrece el proyecto es que los beneficios tributarios, por lo general, estaban mayormente reservados para industrias manufactureras. Ahora, son elegibles para la ley más de una decena de actividades que abarcan desde laboratorios de investigación hasta suplidores de otros negocios exentos, como podría ser una empresa de digitalización de documentos o aquella que ofrece servicios de control de calidad y validación de procesos. Además, se conceden beneficios a empresas de servicios que quieran exportar. "Esta ley devuelve la confianza al inversionista en Puerto Rico. En la ley anterior, no había claridad en muchos aspectos y era subjetivo", sostuvo José Julián Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio, al agregar que si bien se obtuvo un proyecto muy favorable para las empresas, por otro lado, se procura el bienestar del erario. Otro aspecto favorable es el establecimiento de métricas y la presentación de informes, disposiciones que abonan a la transparencia del proceso. Si bien Amaya Iraolagoitia, presidenta del comité técnico que redactó el proyecto, dijo que el programa de incentivos industriales ha sido manejado con efectividad, las disposiciones en la Ley que les requiere a las empresas y al Gobierno presentar informes -entre estos, un análisis de impacto económico del estatuto- tendrán el efecto de contribuir a la certeza entre los inversionistas. "El interés de aumentar la responsabilidad, tanto del Gobierno como de la empresa, es mutuo", afirmó.