9 de septiembre de 2003

Hon. Guillermo R. Valero Ortiz
Presidente
Comisión de Comercio e Industria
Cámara de Representantes

Lcdo. Cirilo F. Cruz Tejeda
Vicepresidente
Servicios Técnicos y Legislativos
Cámara de Comercio de Puerto Rico

RE: R. de la C. 6204

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de expresar nuestros comentarios en torno a la Resolución de la Cámara 6204. Esta medida tiene el propósito de realizar un estudio exhaustivo para determinar las razones por las cuales los detallistas de Puerto Rico no han hecho uso de los beneficios que les concede el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 del 25 de junio de 1964, según enmendada.

Como bien narra la Exposición de Motivos de la medida, el propósito de la aprobación de la Ley Núm. 77, supra, fue proteger al consumidor y al pequeño comerciante, manteniendo los principios de la libre empresa. En lo pertinente al estudio ordenado, el Artículo 18 de esta Ley disponía que aquellos comerciantes dedicados al comercio al detal que poseían un solo establecimiento comercial, estaban autorizados a formar parte de programas comunes. De esta forma, se pretendía que unidos pudieran enfrentar de buena fe a los comerciantes con volúmenes de venta sustancialmente mayores.

A raíz de los cambios en nuestra sociedad y en el ambiente empresarial puertorriqueño, se enmendó dicho artículo mediante la Ley Núm. 256 del 15 de agosto de 1999. El efecto fue aumentar de uno a cinco el número de establecimientos comerciales que puede tener un comerciante para poder acogerse a los beneficios de programas comunes. De esta forma, se amplió el alcance de esta Ley y se fomentó el desarrollo de los pequeños negocios. Sin embargo, a pesar del nuevo estado de derecho, sólo un grupo de farmacias se han acogido a las disposiciones del Artículo 18 de la Ley Núm. 77, supra.

Consideramos que el espíritu que inspiró la enmienda al referido Artículo 18 es positivo, toda vez que ayuda a la optimización del sistema de mercado. A la misma vez, incentiva el establecimiento de cadenas voluntarias de detallistas de bienes y servicios para establecer programas comunes de compras y promoción o publicidad. De esta forma se fomenta una mayor competitividad a los detallistas pequeños al poder negociar mejores precios en las compras y negociaciones en la publicidad que pauten.

No obstante, la Cámara de Comercio de Puerto Rico coincide con la apreciación que expresa la R. de la C. 6204 de que no se está aprovechando la oportunidad legislada, y genuinamente felicita al autor de la medida por hacer la pregunta que nos hemos estado haciendo con relación a la Ley Núm. 77, supra, al igual que otras que pretenden incentivar el desarrollo del sector empresarial del país: ¿qué está pasando que nuestros comerciantes no pueden hacer uso de estos beneficios? Entendemos que varios factores deben estar incidiendo en los muy limitados resultados obtenidos a base de la enmienda al Artículo 18, supra.

En primer lugar, la mera legislación de una buena idea no necesariamente redunda en frutos. Esto requiere de una implementación práctica, y de estudios responsables, como el ordenado mediante la R. de la C. 6204.

A tales fines, consideramos que hace falta el establecimiento de un programa completo, por parte de la Administración de Fomento Comercial, que en cumplimiento de su deber ministerial promueva y facilite las cadenas de detallistas en los diferentes segmentos del mercado. Es importante que se le dé a conocer a los empresarios que es una alternativa legal y económicamente beneficiosa el que se puedan establecer programas comunes con otros detallistas.

Además, debido a los múltiples roles que nuestro ordenamiento jurídico y la realidad del día a día imponen a nuestros empresarios, así como las trabas que en ocasiones imponen las mismas entidades gubernamentales llamadas a regular el funcionamiento de los comercios, el programa debe responder pro activamente a esa realidad de la limitación de tiempo y muchas veces de recursos o falta de conocimiento, y convertirse en una herramienta efectiva a favor del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

Por otro lado, no podemos perder de perspectiva que existe una dificultad natural al intentar lograr la sinergia y el nivel saludable de confianza que se requieren para establecer ese tipo de alianzas dentro de los diferentes segmentos de negocios detallistas. No podemos olvidar que estamos pretendiendo que empresarios, que están tradicionalmente acostumbrados a ver a los que prestan los mismos servicios o venden productos similares como competencia, trabajen en conjunto para un fin común. Esto requiere de mucha educación, una mayor coordinación y controles administrativos.

Para sobrellevar este obstáculo, entendemos que corresponde la unión de esfuerzos entre el Gobierno y entidades como la Cámara de Comercio de Puerto Rico, dirigidos a propiciar seminarios que permitan a los detallistas visualizar los beneficios, la interacción entre los miembros de las cadenas y el fortalecimiento de la parte administrativa.

Finalmente, opinamos que es medular el fomentar y estimular, por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la importancia del desarrollo del espíritu empresarial en la sociedad. Debe promoverse el que sea la propia sociedad civil la que, con sus iniciativas, creatividad, dedicación, determinación y habilidades, faciliten la creación de empleos, productos y servicios que respondan a las necesidades de la población y las más amplias expectativas de país.

De conformidad, l a Cámara de Comercio de Puerto Rico entiende que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe ejercer sus funciones con cuidado, porque usualmente proyectan mensajes de política pública contradictorios. Por un lado, promueve en teoría el establecimiento de incentivos para las empresas. Sin embargo, a la misma vez propone y aprueba medidas legislativas que en muchas ocasiones continúan aumentando los costos de hacer negocios en Puerto Rico. Ante la delicada realidad que reta a la economía mundial, no podemos darnos el lujo de desalentar el desarrollo socioeconómico puertorriqueño, al hacer cada vez más difícil el que enfrentemos la competencia de otras jurisdicciones y mercados en una economía global.

Sugerimos respetuosamente que se soliciten los comentarios de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico, así como del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, quienes pensamos tendrán valiosa información que pudiera enriquecer la investigación de marras.

Esperamos que nuestros comentarios le hayan sido de utilidad a esta Honorable Comisión, reiterándonos a la disposición de esta Asamblea Legislativa para toda gestión en que la Cámara de Comercio de Puerto Rico le pueda ser de ayuda.

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